SPAIN NIGHTLIFE y FECASARM comparecen como acusación popular en el caso de la “rave” de Llinars del Vallès mientras los dos detenidos quedan en libertad con cargos

Lo más probable es que ninguno de ellos cumpla pena de cárcel ni pague sanción alguna, a pesar de que se ha puesto en grave peligro la salud pública y se ha dañado gravemente la imagen del ocio nocturno profesional

La patronal ya ha solicitado al Gobierno Central que impulse una reforma del Código Penal para que conductas como esta, relacionadas con la propagación de enfermedades y epidemias, pasen a ser constitutivas de delito contra la salud pública

La asociación estatal del ocio nocturno y el espectáculo SPAIN NIGHTLIFE y su asociación adherida en Cataluña FECASARM, se han personado esta mañana como ACUSACIÓN POPULAR en el procedimiento judicial abierto a raíz de la celebración de una “rave” en Llinars del Vallès (Barcelona) y del cual se halla conociendo el juzgado de instrucción num 1 de Granollers. Y mientras las patronales del ocio nocturno se encuentran a la espera de ser aceptadas como acusación, nos consta que los dos detenidos a raíz de los hechos investigados han sido puestos en libertad provisional con cargos después de haber declarado ante la titular del juzgado de instrucción número 1 de Granollers. Según hemos podido saber, ambos tan solo han contestado a las preguntas de sus abogados y han negado ser los organizadores de la fiesta ilegal.

En nuestro escrito de personación hemos alegado que el sector del ocio nocturno profesional se encuentra totalmente legitimado para comparecer en las actuaciones y solicitar la máxima pena prevista en el código penal para los presuntos autores de los hechos, siempre y cuando se demuestra su participación en los mismos así como su culpabilidad. Es evidente -y a nadie se le escapa-, que los mismos han provocado un gravísimo daño a la imagen del sector profesional y han puesto en grave riesgo la salud pública. Sin embargo, desde nuestras patronales no somos muy optimistas por lo que se refiere al cumplimiento efectivo de la pena de cárcel que les pueda ser impuesta a los autores de los hechos si son condenados, así como tampoco con respecto a que se llegue a satisfacer el pago de ninguna sanción.

Las patronales consideran que no se va a cumplir ninguna pena de cárcel ni se va a pagar sanción alguna

Tal y como ya anticipamos en nuestra nota de prensa de ayer, sin perjuicio de la gravedad de los hechos mucho nos tememos que los presuntos autores de  los mismos tan sólo se enfrentarán a un año de prisión por un presunto delito de desobediencia grave, al margen de la multa correspondiente de hasta 600.000 euros por la infracción administrativa para organizar la actividad ilegal, siendo que, en nuestra opinión no se va a cumplir pena de cárcel alguna ni se va a pagar ninguna sanción. 

Así las cosas, tal y como explica José Luis Benítez, presidente de SPAIN NIGHTLIFE y portavoz de la asociación Ocio de Ibiza “la experiencia nos ha enseñado que estos temas suelen terminar sin cumplimento efectivo de pena de cárcel, habida cuenta de que los hechos por lo que parece tan solo podrán ser perseguidos por un delito de desobediencia grave castigado con un año de privación de libertad, por lo que mucho nos tememos que el procedimiento terminará con la imposición de una pena mínima, por lo que la misma se va a suspender y no se va a cumplir de manera efectiva y menos si los investigados son extranjeros. En cuanto a la sanción económica, el mandatario patronal tampoco se ha mostrado muy optimista y ha manifestado que “lo más probable es que los organizadores de la “rave” no tengan nada a su nombre y que aporten un contrato de alquiler del equipo de música firmado con una empresa extranjera por lo que no se podrá embargar, por lo que al final van a pagar 0 euros de sanción y lamentablemente todo va a quedar en nada“.

La única solución a este problema de impunidad, aunque ahora mismo ya es demasiado tarde para el caso que nos ocupa, pasaría por que el Código Penal español contemple como delito contra la salud pública las conductas relacionadas con la propagación de enfermedades y epidemias como sí lo hacen otros países como México, Colombia, Argentina o Perú. En España, esta conducta penada desde el año 1958, quedó despenalizada con la reforma del año 1995 y actualmente tan sólo se castiga como delito de lesiones.

SPAIN NIGHTLIFE ha solicitado al Gobierno Central que impulse la reforma del Código Penal

Desde la patronal estatal del ocio nocturno y del espectáculo SPAIN NIGHTLIFE, ya nos pusimos en contacto ayer mismo con representantes del poder legislativo estatal y a tal efecto nos consta que tanto el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como la portavoz de la comisión de justicia en el Congreso de los Diputados, Isaura Leal ya tienen constancia de nuestra petición relativa a que se promueva la reforma del Código Penal a fin de que, de caras a hechos futuros, conductas como ésta, relacionadas con la propagación de enfermedades y epidemias, queden tipificadas como delito de peligro abstracto y que contemplen una pena alta y que no tengan que ser perseguidos como delitos de desobediencia o esperar a que se produzca una lesión grave o la muerte de alguien para castigar la misma, y menos en el momento en el que nos encontramos, así estas conductas de llevar a cabo fiestas ilegales quedarán contempladas como delito.

Tal y como ha explicado Joaquim Boadas secretario general de la FECASARM y de SPAIN NIGHTLIFE, “desde las patronales del sector consideramos una falta de respeto que, mientras todos los locales de ocio nocturno de España permanecen cerrados, otros estén organizando fiestas ilegales por todo el territorio y que estas conductas no sean perseguidas y sancionadas duramente y por ello hemos instado al Gobierno Central a que promueva una reforma del Código Penal a través de la aprobación del correspondiente proyecto de Ley y las meras conductas de transmisión de enfermedades y epidemias queden contempladas como delitos graves, con una pena de privación de libertad superior a los dos años“.

En último lugar, queremos manifestar nuevamente nuestro descontento con la actuación de la Generalitat en este asunto ya que se negoció con los ilegales cuando con el sector legal nunca se negocian las restricciones y, por otra parte, se actuó 36 horas tarde, lo que pudo haber contribuido a un empeoramiento de los datos epidemiológicos, resultados de los que lamentablemente siempre acaba pagando las consecuencias el sector legal, por el que nadie está haciendo nada para buscar alternativas a su cierre, a pesar de ser la solución segura a las fiestas ilegales.

Para más información pueden dirigirse al teléfono 670 703 370.