El sector del ocio nocturno exige seguridad jurídica, diálogo y que no se le criminalice

Insta a las comunidades a aprobar normativas claras, concisas y consensuadas y que no se improvise

Los empresarios del sector, sin margen de supervivencia, piden poder trabajar con medidas de seguridad pero que no se les restrinja su derecho constitucional a la libertad de empresa

Tal y como anunciábamos esta misma semana, algunas comunidades autónomas han decidido recientemente restringir la actividad de ocio nocturno en diferentes puntos de sus territorios o se plantean hacerlo, todo ello con el objetivo de reducir el número de contagios por Covid-19. La última comunidad que ha lanzado la idea de hacerlo ha sido la Comunidad Autónoma de Cataluña, que después de prohibir la actividad de ocio nocturno en Barcelona y su área metropolitana, así como en diferentes partes de Lleida (Segriá y Noguera) y en la provincia de Girona (Figueres) ahora se plantea prohibirlo en toda la comunidad autónoma. Desde Spain Nightlife, no tan solo no estamos en contra de esta nueva propuesta sino que también somos partidarios de que se levante la prohibición en los territorios mencionados lo antes posible ya que si se mantiene llevará a la quiebra a centenares de negocios.

Sin embargo, el caso más sonado ha sido el de la Comunidad de Murcia, en la que, debido a un presunto error en la actuación de las autoridades sanitarias en el control de 3 personas que llegaron procedentes de Latinoamérica infectadas, se han sacrificado y restringido centenares de empresas de hostelería y ocio nocturno de toda la región de forma indiscriminada y, con ello, miles de puestos de trabajo. Otro de los casos en que se ha decretado el cierre del ocio nocturno en determinados territorios han sido en Aragón, ya que se han clausurado las actividades de ocio nocturno de Huesca y Zaragoza y, tal y como ha expuesto recientemente el presidente de la Comunidad Javier Lambán, manifestando que “el ocio nocturno puro y duro va estar erradicado mucho tiempo“, lo cual supone una noticia muy negativa. Otras comunidades en la que se ha restringido también el ocio nocturno es en la Comunidad Valenciana donde se ha prohibido el ocio nocturno en Gandía y Peñíscola, aunque el gobierno autonómico ya ha manifestado que la medida no se va a adoptar en toda la comunidad. En el mismo sentido se ha pronunciado la Comunidad de Galicia, que ha expuesto que no se plantea prohibir el ocio nocturno. Otras comunidades como ahora la comunidad andaluza ha manifestado que están estudiando dicha posibilidad y otras como la Comunidad Navarra ya han decidido restringir los horarios de funcionamiento de las actividades. Anteriormente la Comunidad Balear, acordó prohibir la actividad de ocio nocturno en el West End (Ibiza) y en Punta Ballena, Arenal y Magaluf (Mallorca), restringuiendo el horario en el rsto de territorio de la comunidad. Como novedad, la Comunidad de Andalucía está estudiando prohibir el ocio nocturno en espacios cerrados, lo cual supone también una muy mala noticia ya que, tal y como el propio presidente de la Comunidad Juanma Moreno, ha reconocido que “esto puede ser la puntilla para mucho empresarios“.

El sector exige a la administración seguridad jurídica, proporcionalidad, diálogo y que no se le criminalice

El sector del ocio nocturno emplea a más de 300.000 personas en toda España. Sin embargo, no es visto como un sector económico y estratégico y del cual dependen miles de puestos de trabajo. Así las cosas, a diferencia de cuando se pone en riesgo la continuidad de una planta de fabricación de automóviles de la cual dependen 2.000 o 3.000 puestos de trabajo todo el mundo se moviliza e incluso las autoridades se ofrecen para negociar con la marca. En cambio, cuando la empresa o el conjunto de empresas que están en riesgo de cerrar son de ocio nocturno, aunque empleen a un número muy superior de trabajadores, parece que nadie lo tenga en cuenta. Además, cabe tener en cuenta que el sector del ocio nocturno reglado, en cuyos establecimientos hay unas medidas de control, se registran poquísimos casos de contagio, produciéndose la mayoría de estos en otros espacios y en concentraciones de ocio nocturno ilegal, pràcticas con las que nuestro sector nada tiene que ver pero que, sin embargo, injustamente se asocian y se confunden.

Los empresarios del sector del ocio nocturno autorizado solicitan pues diálogo, seguridad jurídica y que no se les criminalice. En este sentido se pronunció ayer Óscar Iglesias, presidente de la Asociación de Discotecas de Valencia, asociación adscrita a la  Federación de Hostelería de Valencia y a SPAIN NIGHTLIFE, exponiendo que “ahora mismo existe una criminalización flagrante del sector del ocio nocturno reglado. Exigimos una normativa clara que nos permita trabajar con las máximas garantías de seguridad. Nuestro compromiso con la salud de las personas es máxima, pues somos los primeros interesados en que se cumplan las medidas sanitarias que correspondan y para ello pedimos diálogo a la administración pues, no somos una fuente de contagios , otra cosa es que lo sea el ocio nocturno ilegal como ahora los botellones donde no existe ni control de aforo ni ninguna medida sanitaria ni de protección de la salud. Por parte de la administración deben imponerse unas normas pactadas y estas se deben cumplir, la solución no pasa por cerrar actividades legales sin diálogo previo pues hay mucho en juego”

En palabras de David López, presidente de la patronal catalana FECASARM (Federación Catalana de Actividades de Restauración y Musicales) y directivo de SPAIN NIGHTLIFE ” los empresarios del sector no pueden trabajar en este estado de inseguridad jurídica permanente habida cuenta que tienen compromisos adquiridos tales como venta de entradas anticipadas, artistas contratados, compras a proveedores y trabajadores rescatados de los ERTEs. Por ello pedimos diálogo y que cualquier decisión que nos afecte sea consensuada previamente con el sector ya que nuestros empresarios y trabajadores tienen familias a cargo y obligaciones que atender. Por ello, la administración debe de actuar con la debida proporcionalidad, no sacrificando más derechos de aquellos estrictamente necesarios para conseguir el objetivo deseado y debiendo tener en cuenta que, si sacrifica al sector del ocio nocturno autorizado, el resultado que se conseguirá será precisamente el opuesto al que se pretende”

El sector sigue reclamando ayudas para poder subsistir

Vista la facilidad con la que se sacrifican las empresas del ocio nocturno, muchos empresarios del sector  ya han empezado a protegerse preparando los oportunos preconcursos de acreedores siendo su última esperanza para no tener que llegar a los concursos que tienen para presentar hasta final de año que puedan seguir trabajando y que lleguen ayudas provinentes del fondo de rescate europeo. En este sentido, desde Spain Nightlife ya hemos solicitado mantener una reunión con el jefe de Gabinete de la Ministra de Turismo sra Reyes Maroto.

En palabras de Joaquim Boadas, secretario general de Spain Nightlife, “es evidente que las diferentes administraciones, dentro de sus marcos competenciales, pueden aprobar aquellas normas limitativas del derecho a la libertad de empresa aunque siempre deben de hacerlo respetando el principio de proporcionalidad en cuanto al ámbito territorial de la prohibición y no alargando la medida más allá del tiempo estrictamente necesario. Además, deben compensar a los empresarios por las pérdidas sufridas y por las ganancias que han dejado de obtener. Hemos estado varios meses reclamando ayudas económicas para hacer frente al pago de los alquileres e hipotecas y la suspensión de tributos, pero nadie nos ha ayudado, como mucho nos han aplazado los pagos, por lo que ahora la mochila que arrastran nuestros empresarios es demasiado pesada y muchos no pueden seguir adelante. Además, facturando actualmente muy poco debido a las restricciones impuestas  o estando cerrados, la deuda ha ido en aumento por lo que tan solo les queda la alternativa de presentar un concurso de acreedores y reclamar la responsabilidad patrimonial, a menos que no recibamos ayudas económicas de manera urgente”.

Para más información pueden dirigirse al teléfono 902.099.500 o bien al 670 703 370.